La prensa internacional ha intentado reflejar -con la mayor precisión posible para un caso judicialmente declarado como reservado- los pormenores de la muerte de tres personas y la aprehensión de dos más que formarían parte de un comando armado cuyo objetivo final era o la eliminación del presidente o la protección de la región (mayormente opositora) de Santa Cruz.
La primera evidencia para realizar un análisis de los hechos es que no se cuentan con los elemntos suficientes de juicio para lograr determinar que es lo que realmente sucedió ese 16 de abril cuando un grupo de élite de la policía boliviana ingreso a un hotel y quitó la vida a estas tres personas.
La segunda evidencia es que la calidad de persona de cada uno de ellos ha sido relegada por sus actividades, incluso podría suponerse que en Bolivía se dio carta abierta para matar "terroristas", aparentemente el discurso del terror suele ir ligado al debilitamiento de los derechos humanos de aquellos etiquetados como peligrosos para la sociedad o para el Estado.
La tercera conclusión -provisional- es que nos encoentramos en medio de una confrontación política que ha degenarado en la peor de las soluciuones, la manera antinatural de resolver el conflicto, la manera violenta que se ve agravada por el uso de armas de fuego por parte de los grupos en conflicto.
Discutir sobre la legitimidad del uso de la violencia por parte del Estado para repeler o impedir ataques o analizar la legitimidad de la "defensa" de regiones o grupos sociales que se ven afectados por una determinada forma de gobernar no me parece productivo en un escenario donde las discusiones estan sesgadas por ideologías que no reconocen la posibilidad de convivencia en un país conflictuado que ha buscado en los últimos años las vías para resolver los desncuentros concebidos desde el nacimiento mismo de la República de Bolivia.
Pero me parece que este es un nuevo momento para llamar la atención sobre algunos aspectos fundametales del conflicto, y sobre todo visibilizar a las futuras víctimas de este estado de guerra política no declarada (al menos no abiertamente declarada):
La primera evidencia para realizar un análisis de los hechos es que no se cuentan con los elemntos suficientes de juicio para lograr determinar que es lo que realmente sucedió ese 16 de abril cuando un grupo de élite de la policía boliviana ingreso a un hotel y quitó la vida a estas tres personas.
La segunda evidencia es que la calidad de persona de cada uno de ellos ha sido relegada por sus actividades, incluso podría suponerse que en Bolivía se dio carta abierta para matar "terroristas", aparentemente el discurso del terror suele ir ligado al debilitamiento de los derechos humanos de aquellos etiquetados como peligrosos para la sociedad o para el Estado.
La tercera conclusión -provisional- es que nos encoentramos en medio de una confrontación política que ha degenarado en la peor de las soluciuones, la manera antinatural de resolver el conflicto, la manera violenta que se ve agravada por el uso de armas de fuego por parte de los grupos en conflicto.
Discutir sobre la legitimidad del uso de la violencia por parte del Estado para repeler o impedir ataques o analizar la legitimidad de la "defensa" de regiones o grupos sociales que se ven afectados por una determinada forma de gobernar no me parece productivo en un escenario donde las discusiones estan sesgadas por ideologías que no reconocen la posibilidad de convivencia en un país conflictuado que ha buscado en los últimos años las vías para resolver los desncuentros concebidos desde el nacimiento mismo de la República de Bolivia.
Pero me parece que este es un nuevo momento para llamar la atención sobre algunos aspectos fundametales del conflicto, y sobre todo visibilizar a las futuras víctimas de este estado de guerra política no declarada (al menos no abiertamente declarada):
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