Hoy el Tata Mallku de la Comisión de Justicia del Consejo de Ayllus y Markas Qullanas de la Nación Qhapaq Uma Suyu, (Conamaq-La Paz), Carmelo Titirico,declara en Erbol que se estudia la aplicación de penas corporales irreversibles para los violadores y asesinos: para los primeros la castración química y la amputación de las mano para los asesinos.
El abuso, la arbitrariedad y el autoritarismo es un riesgo latente cuando se pretende legislar penalmente. El derecho penal es la respuesta VIOLENTA del estado ante una agresión de un bien jurídico tutelado.
La convivencia pacífica exige que el Estado se apropie del conflicto entre particulares y asuma para si el monopolio de la violencia en aquellos casos extremos en los cuales la inacción del estado podría ocasionar consecuencias más dañinas para los particulares y para elmismo estado.
En este marco el Estado como agencia de seguridad máxima y monopólica puede ceder -voluntariamente- su atribución de castigar a grupos organizados SIEMPRE QUE la respuesta de estos grupos al conflicto resulte más eficaz, oportuna y justa (y en la medida de lo psoible menos violenta). El transfondo de esta cesión es que el grupo organizado resulta más legitimado que el estado central para la imposición de la sanción, esta legitimidad -en Bolivia- se asienta entre otros aspectos en el vacio de poder que dejó el antiguo Estado republciano en las comunidades rurales....ante este vaciola justicia comunitaria surgió como una realidad que ahora es reconocida como más legítima que el poder penal central.
En el momento en que a estos grupos se les va la mano y pretenden castigar a sus miembros más allá de parámetros razonables, pierden su legitimidad por su autoritarios y se vuelven más violentos que el Estado es entonces cuando la Agencia de Seguridad Máxima reasuma su control monopólico y reoriente la situación.
En otras palabras, si la gente del CONAMAQ se quiere pasar de abusiva, es momento de que que Estado les siente la mano...esto en teoría porque con cada genio del autoritarismo que tenemos en este gobierno no sería raro que se vuelvan a escuchar voces incluso que apoyen la pena de muerte.
El abuso, la arbitrariedad y el autoritarismo es un riesgo latente cuando se pretende legislar penalmente. El derecho penal es la respuesta VIOLENTA del estado ante una agresión de un bien jurídico tutelado.
La convivencia pacífica exige que el Estado se apropie del conflicto entre particulares y asuma para si el monopolio de la violencia en aquellos casos extremos en los cuales la inacción del estado podría ocasionar consecuencias más dañinas para los particulares y para elmismo estado.
En este marco el Estado como agencia de seguridad máxima y monopólica puede ceder -voluntariamente- su atribución de castigar a grupos organizados SIEMPRE QUE la respuesta de estos grupos al conflicto resulte más eficaz, oportuna y justa (y en la medida de lo psoible menos violenta). El transfondo de esta cesión es que el grupo organizado resulta más legitimado que el estado central para la imposición de la sanción, esta legitimidad -en Bolivia- se asienta entre otros aspectos en el vacio de poder que dejó el antiguo Estado republciano en las comunidades rurales....ante este vaciola justicia comunitaria surgió como una realidad que ahora es reconocida como más legítima que el poder penal central.
En el momento en que a estos grupos se les va la mano y pretenden castigar a sus miembros más allá de parámetros razonables, pierden su legitimidad por su autoritarios y se vuelven más violentos que el Estado es entonces cuando la Agencia de Seguridad Máxima reasuma su control monopólico y reoriente la situación.
En otras palabras, si la gente del CONAMAQ se quiere pasar de abusiva, es momento de que que Estado les siente la mano...esto en teoría porque con cada genio del autoritarismo que tenemos en este gobierno no sería raro que se vuelvan a escuchar voces incluso que apoyen la pena de muerte.
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