Sobre desaparecidos en democracia

Nuestro continente aún mantiene las heridas abiertas de los desaparecidos de las dictaduras pasadas, y cada día se abren nuevas heridas en miles de familias, que aunque menos mediáticas y menos ideologizadas duelen lo mismo en cada cama vacía en cada espacio desocupado y en cada lágrima de impotencia esperando que un ser querido atraviese nuevamente nuestra puerta.

El derecho a vivir sin violencia ha sido reconocido en nuestra constitución, pero -constatación dolorosa- a pesar de ello la seguimos sufriendo a diario, ya no desde el Estado (o al menos no tan brutalmente como en nuestro pasado cercano) sino desde grupos organizados que cada día desnaturalizan la convivencia pacífica enunciada en nuestro pacto social.

Nuestros jóvenes, hombres y mujeres, son extraídos de sus hogares y forzados a la esclavitud o la prostitución e incluso a la venta de sus órganos para gente con más poder económico que no cuestionan el origen de los medios salvadores de su vida.

La sociedad reacciona de las formas que tiene a mano, aspecto definitivamente positivo y que demuestra la potencialidad de solidaridad aún latente entre la gente, pero que no ha sido evaluado ni estandarizado sobre su utilidad o sobre la forma más eficiente para llegar al resultado deseado.

Me refiero a la publicidad que se da a la desaparición por medio de las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)

La ciencia ha demostrado, en otros ámbitos, que el trabajo coordinado a través del internet es una fuerza brutalmente poderosa con millones de personas interactuando y compartiendo información (por ejemplo en los estudios de observación del espacio sideral), por lo que a priori debemos reconocer la utilidad de esta fuerza de muchas personas buscando un objetivo común, pero creo que es tiempo de detenernos a pensar la mejor forma de hacer eficiente esa valiosa - y hermosa- voluntad común.

Las desviaciones de un grupo de personas bienintencionadas son diversas, para citar algunas, permítasenos mencionar las siguientes:

- Los casos resueltos que continúan circulando por años en la red, desperdiciando un recurso poderoso.

- La falta de coordinación internacional, que sólo se rompe en los pocos casos en que la víctima tiene contactos en más de un país.

- Los casos de falsos desaparecidos que ven vulnerada su privacidad o en el peor de los casos no retornan ante la vergüenza de la publicidad ocasionada indebidamente.

- La enrome cantidad de casos reportados que impiden que el público pueda centrar su atención realmente. Un muro con cien desaparecidos tiene la misma utilidad que ninguno, por la cantidad de información.

Las organizaciones criminales se mueven a velocidades inmediatas, buscarán la forma de saltar este nuevo obstáculo y nuestros gobiernos se mueven a paso de tortuga, está en nuestras manos, de los ingenieros, buscar soluciones tecnológicas que exploten el enorme poder social solidario que tenemos en nuestras manos.

Si no lo hacemos la solidaridad se quedará en un click insulso que sólo servirá para calmar nuestra conciencia.

  


Seguridad en la Comunidad y Linchamientos.


La gente muere todos los días de las formas más diversas. Sin embargo, solo un número muy pequeño de esas muertes se hace pública, en el sentido de ser difundida por los medios de comunicación tradicionales y –recientemente- por las redes sociales virtuales.

Las muertes que se hacen públicas son aquellas de personajes más o menos célebres y aquellas que son ocasionadas por formas extrañas para la sociedad. En el caso boliviano, por ejemplo, el caso de muertes por sicarios fue noticia nacional hace algunos años,  no puede decirse que hoy es normal pero la atención a ese tipo de casos ha descendido considerablemente, en otros países de la región apenas alcanzan cobertura.

Los medios, las personas, nos acostumbramos a la muerte. En algunas regiones a las muertes por accidentes de tránsito, en otras a las muertes por armas de fuego, en algunas a las muertes por enfermedades y tantas otras formas que por repetirse pierden novedad y forman parte de la realidad diaria, al menos hasta que una de esas muertes nos toque de manera cercana.

Una de las formas mediáticas de ocasionar la muerte a una persona es la turba que mata a alguien: el linchamiento. Y a pesar de que se trate de fenómenos particulares y muchas veces distintos radicalmente uno del otro no faltan los expertos que opinan sobre el “fenómeno” del linchamiento sin haber realizado un estudio serio sobre los puntos en común que puede tener este tipo de muerte de persona, lo más grave se da cuando las autoridades comienzan a opinar y a tomar decisiones de políticas públicas basados en incidentes particulares como la muerte de una persona.

En el caso boliviano un inadecuado manejo de la prensa denominó a un asesinato como aplicación de “justicia comunitaria” el año 2004 y a partir de entonces se identificó a los linchamientos como casos de aplicación de esta Justicia Comunitaria, esto a pesar de que no existe ninguna constancia de que las comunidades originario campesinas apliquen la pena de muerte, la sanción más grave parece ser la expulsión de la comunidad y nunca la pena de muerte.

La Justicia Comunitaria como forma de suplir los vacíos estatales en la administración de justicia  e incluso como una forma de administración de justicia más legítima que la estatal no tiene nada que ver con la muerte violenta que provocan ciudadanos en grupo en  contra de una persona, incluso llamar a esta forma de proceder como “justicia por mano propia” parece inadecuado pues sugiere que es justo matar a una persona por la simple sospecha de haber afectado el patrimonio de alguien. Aún en los casos en que la reacción violenta se da en contra de un posible asesino no queda claro como puede catalogarse como justa una reacción que no sólo busca matar sino además ocasionar el mayor sufrimiento  en el proceso.

La psicología social ha estudiado el fenómeno de la pérdida de la individualidad que experimenta la persona en grandes grupos y que puede derivar en el comportamiento de turba asesina, ya sea por la pérdida de responsabilidad que experimentan los involucrados en la turba o por el efecto de bola de nieve de un instigador que se replica hacia la multitud exaltada. Poder evitar estas reacciones mediante normas, castigos o discursos sancionatorios es poco menos que imposible, pues como se tiene dicho, la decisión individual de participar en la turba tiene poco que ver con una evaluación racional sobre el comportamiento propio.

La decisión sobre a quien se debe atacar tampoco es producto de una reflexión elaborada y por lo tanto resulta natural que la turba ataque al extraño, o al que considera diferente o que de algún modo responda al prejuicio que se tiene sobre como debería verse un agresor, y como es natural la categoría “extraño” puede incluir a cualquiera de nosotros, que puede ser más o menos claro de piel, más o menos joven o incluso puede vestirse más o menos de la forma considerada normal en un lugar determinado y en un momento determinado.

Por ejemplo, el caso de un anciano blanco, con una apariencia solvente, en un vehículo costoso no parece ser el prototipo de persona objeto de un linchamiento, pero si lo ponemos en la puerta de un colegio a la hora de la salida de los niños y con un entorno asustado por el rapto de un menor en cuestión de minutos podría morir solo por el hecho de estar ubicado en un mal lugar y en un mal momento. (En Santa Cruz se dio un caso parecido).

Así como la perdida de individualidad es una acción social sobre la que poco se puede influir, el Estado y la Sociedad si puede fomentar otras formas de acción frente a la inseguridad: la conducta de ayuda, la toma de decisiones comunitarias o la conducta organizacional de las comunidades. Es decir, retejer los lazos sociales y reforzar las conductas sociales deseables en la comunidad.

La gente no precisa del Estado para dejar de matarse, pero ese Estado es en parte responsable de haber eliminado o debilitado las estructuras sociales que brindaban seguridad a las comunidades y asumiendo esa responsabilidad debe coadyuvar a su reconstrucción.







Qué significa jirón patrio?

Jirón patrio es una forma de denominar a una parte del país.

Jirón significa la parte pequeña de algo.

Por lo que cuando un himno o discurso hace referencia a "este jirón patrio" es un forma de decir: este pedazo de la patria.

Lo pongo porque en Google no existe (no existía) una referencia clara sobre este tema.

En Perú jirón tiene una implicancia adicional lo abrevian Jr. y es una vía urbana distinta de una avenida.


Los Fines de la Pena

La ciencia del Derecho Penal ha desarrollado diversas teorías sobre los fines de la pena, es decir justificaciones de porque castigamos a alguien que comete un delito.

La discusión sobre este tema es compleja y -como la mayoría de los asuntos complejos- aun no ha sido resuelta satisfactoriamente. En este post simplificaré las teorías, pero empleando los términos aceptados por la mayoría de los autores.

La primera división sobre las teorías de la pena es:

1. Teorías Absolutas, dicen que la pena es buena porque si. Porque la sanción es intrínsecamente buena sin que sea necesario justificar ninguna otra finalidad, para ellos el delito rompe un equilibrio social que es reparado con la pena.
La mayor objeción a estas teorías es que se quedan en un plano teórico sobre el conflicto, y no tienen nada que ver con la realidad pues omiten considerarla, este hecho hace que prácticamente todas estas posturas sean marginales en la discusión sobre los fines de la pena.

2. Teorías Relativas, a su vez estas se dividen en dos grandes grupos:

2.1. De Prevención General, establecen que la pena busca disuadir a la población en general de cometer delitos, bajo la amenaza de ser sancionados.
Esta es una de las finalidades más populares a nivel de la población en general, que conserva el mito de que con penas más altas se reduce el delito, sin embargo esta teoría es la menos acreditada a nivel dogmático por dos razones principales:
- No existe ningún estudio que pueda demostrar el rol disuasivo de la pena a momento de cometer un delito, de hecho si existen estudios que establecen que el delincuente no considera o ni siquiera conoce la sanción que corresponde a su acción.
- Esta teoría reduce a los ciudadanos a simples objetos de adiestramiento en base al miedo y eso es incompatible con la dignidad del ser humano,

2.2. De Prevención Especial, esta teoría establece que la finalidad de la pena es prevenir la aparición del delito en el caso concreto del delincuente, es decir enjaulemos al sujeto para que al menos ÉL deje de cometer delitos.
La primera objeción a esta teoría es que únicamente puede ser aplicada con posterioridad al hecho con lo que no tiene un carácter real de prevención.
Además esta es la base de los conceptos que mucha gente usa sobre resocialización o rehabilitación del delincuente. Sobre esta también existen dos grandes objeciones:
- No existen evidencias de que se pueda "resocializar a un delincuente" ni un método que hubiese resultado eficaz o que suene razonable para la amplía variedad de casos existentes. La realidad demuestra más bien lo contrario.
- Se reduce al preso a la categoría de animal objeto a técnicas de manipulación.

Ninguna de estas finalidades ha demostrado tener un resultado práctico en la realidad, de hecho son construcciones teóricas de lo que debería buscar la pena que no han podido ser demostradas en la aplicación práctica de las sanciones.

En resumen: no existe ninguna razón comprobada que legitime el uso del Derecho Penal para ninguna finalidad, a pesar de ello las sociedades continúan aplicando este derecho en base al convencimiento de que tiene alguna utilidad y más como herramienta máxima de exclusión social y uso del poder con fines de venganza personal o gremial.


Sobre la Publicidad de las Normas


La publicidad de las leyes es formalmente obligatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo  164 de la Constitución Política del Estado. En el entorno legislativo nacional suele establecerse este tipo de principios para posteriormente ser violados con diversas excusas que en ningún modo mitigan el hecho de que el principio no es cumplido efectivamente.
La falta de una real publicidad  de las normas –que trascienda el mero formalismo de la publicación- es un problema central que imposibilita el acceso a la justicia.
Mediante Ley de 17 de diciembre de 1956 se encomienda la publicación de la Gaceta Oficial a la Secretaria General de la Presidencia de la República, las características principales de esta gaceta son:
·      Es un Registro de las Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas que promulga el Poder Ejecutivo de la Nación (Art. 1ero).
·      La Secretaria encargada de su publicación tiene la obligación de remitir una copia legalizada de esta Gaceta dentro de las 48 horas de su expedición a:
o   Cámaras Legislativas.
o   Fiscalías de la República.
o   Corte Suprema de Justicia.
o   Cortes Superiores de Distrito.
Como puede apreciarse, la norma de creación de la Gaceta Oficial no establece expresamente que esta publicación tiene como finalidad otorgar la publicidad exigida constitucionalmente.
Objeto de la Publicidad de una norma.
El conocimiento de los propios derechos, de las obligaciones, de los procedimientos y las instituciones es un presupuesto imprescindible para la observancia y respeto de los mismos.
El Tribunal Constitucional español determino el concepto de “efectiva oportunidad” de conocimiento de las normas que resume la importancia del tema:  “……sólo podrán asegurarse las posiciones jurídicas de los ciudadanos, la posibilidad de éstos de ejercer y defender sus derechos, y la efectiva sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas tienen una efectiva oportunidad de conocerlas en cuanto tales normas, mediante un instrumento de difusión general que dé fe de su existencia y contenido, por lo que resultarán evidentemente contrarias al principio de publicidad aquellas normas que fueran de imposible o muy difícil conocimiento.”
Imprimir unos pocos cientos o miles de ejemplares de la Gaceta Oficial y prohibir su reproducción puede cumplir la formalidad de la publicación, pero sin duda limita la efectiva publicidad de las normas.


Viaje al Caribe



Ese día no despertó, no había dormido.

Dejó corriendo la ducha unos minutos, para que calentase un poco el ambiente del baño. Ya estaba acostumbrada al frío de la ciudad, pero esos minutos en la mañana aun lastimaban su piel.

Inició la rutina de todos los días, cada detalle, cada crema y pintura sacada en el mismo orden, calculó mentalmente cuantos días más alcanzaría la crema y sonrió.

Contó el dinero y sufrió un poco pensando en las dos cuotas vencidas, imaginó a la señorita del Banco llamándola para cobrar.

Buscó el celular, cambió el chip y comprobó que tenía el saldo suficiente para una llamada.

Abrazó a su oso y salió al pasillo sin zapatos, al llegar a la puerta se los puso, otro día sin ver a la dueña.

Fue a la misa de las siete en una iglesia demasiado grande para las diez personas que la escucharon, se quedó ahí un par de horas, segura. Contó el dinero y dejó una moneda a la señora de la puerta.

Ya estaba acostumbrada al hambre, sacó un sobrecito de azúcar que había tomado del lugar elegante de hace un par de días, miró a ambos lados y se lo echó a la boca. Caminó sintiendo el dolor en los pies por esos zapatos demasiado lindos, demasiado altos y demasiado incómodos.

A las once entró a un locutorio y llamó a su madre, mintió. Pensó en llamar a él, pero aún era muy temprano.

A las doce el hambre ya era mucha y los pies estaban a punto de sangrar, un viejo con traje le lanzó un piropo, ella sonrió y el viejo perdió todo el entusiasmo y -tímido- escapó.

A la una marcó el número de él, sin respuesta.

El despertó a las dos, después de una noche de viernes que terminó en un hotel en sábado a la mañana.

Llamó al roomservice y entró a la ducha, aun con ese calor puso la ducha caliente.

Al salir de la ducha ella comía una langosta, él se conformó con mirarla y tomar una coca cola con hielo. Ella le dijo que el celular había sonado.

Comprobó el vuelo de retorno, cambió la fecha para regresar el jueves y salió a la playa. Apagó el teléfono.

Contó el dinero otra vez, confió en él y compró dos panes y un queso, mintió sobre una dieta al cajero. Al menos ya no necesitaba tampones.


Crítica a la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres

Este análisis no profundiza en una crítica al espíritu de la norma, que puede ser más o menos discutible, tampoco a las herramientas penales de las que pretende -una vez más - valerse el estado para modificar conductas. Nos limitamos a criticar los que nos parecen errores jurídicos mas grandes -no todos. en la norma:

- El artículo siete de la Ley realiza una diferenciación entre Acoso y Violencia Política. El Acoso sería un paso previo a la violencia (previo en el sentido de que no se concreta en una agresión física, pero no queda clara la diferencia entre las amenazas y la violencia psicológica).
- El artículo ocho sin embargo mezcla ambos conceptos como si se tratase de equivalentes, por técnica legislativa correspondía separar en dos artículos diferentes cuales actos son considerados acoso y cuales violencia política. (pareciera que el legislador no tiene claro el concepto)
- El mismo artículo por ejemplo tipifica la acción de proporcionar al Organo Electoral datos falsos o incompletos de la identidad o sexo de la PERSONA candidata, primero este inciso se encuentra fuera de lugar para una ley que esta pensada para proteger MUJERES por lo que la palabra persona sobra, pero además queda la duda señalada ¿esta conducta se encuadra como acto de acoso o acto de violencia?
- El mismo artículo 8 en su inciso l) establece como acto de acoso y/o violencia (no sabemos en que tipo se incluye) la discriminación por varios motivos, incluido por ejemplo EL SEXO lo que es obvio y de hecho lo único relevante pues si la discrminación se da por ejemplo por cuestiones de raza no será esta ley la que proteja a la víctima sino la ley contra el racismo.
- El artículo 9 establece la nulidad de un acto cometido bajo los efectos del acoso o la violencia, este es un principio común aplicable antes de la Ley, que al especificarse se limita al listado (poco claro) del artículo 8.
- El artículo 13 establece que son autoridades competentes para conocer los actos de acoso y/o violencia (se nota un gusto extraño y confuso por la barra "/" en el legislador) la autoridad competente y/o (SIC) jurisdiccional según corresponda. Este artículo no dice nada, un artículo que define competencia debería definirla no decir que es competente la autoridad competente, esta verdad de perogrullo no sólo es superflúa sino además contradictoria por el simple hecho de que una autoridad jurisdiccional también ostenta competencia. No queda nada claro que buscaba expresar el legislador con este artículo.
- Se hace largo, asi que pasaré al error más grave:

El artículo 14 establece prácticamente que CUALQUIERA puede denunciar estos actos.

El artículo 15 establece que los servidores públicos tienen la OBLIGACIÓN de denunciar estos actos.

PERO LA DISPOSICIÖN TRANSITORIA SEGUNDA ESTABLECE QUE SÓLO LA VÍCTIMA PUEDE DENUNCIAR ESTOS DELITOS.

Podían hacerlo mejor, creo.