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Sobre el Gasolinazo y la Seguridad en las Fronteras

El Decreto Supremo 748, que fija las nuevas alicuotas del Impuesto Específico a los Hidrocarburos y sus Derivados – IEHD, mezcla de manera interesante las políticas económicas y de seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia. En un sorprendente gesto proveniente de un gobierno socialista se asume una política pública de seguridad basada en la fuerza del mercado para la modificación de conductas delictivas (contrabando).

Textualmente el Decreto indica:

"Que la política de subvención de combustibles fue concebida para defender el poder adquisitivo de las familias bolivianas, sin embargo el creciente diferencial entre los precios internos y los precios de los países limítrofes, ha promovido mayores niveles de contrabando demandando mayores recursos públicos que no benefician al pueblo boliviano y que limitan el financiamiento de mayores proyectos productivos y sociales en el país."

La lógica del Decreto Supremo 748 -leída en términos de seguridad- es: "Reducir el margen de utilidad/satisfacción de la actividad delictiva reducirá la cantidad de hechos delictivos".

El nuevo lineamiento en materia de seguridad es interesante pues deja de lado el obsoleto sistema de persecución penal preventiva (la cárcel como amenaza, solución) y asume una respuesta económica que desde la perspectiva exclusivamente de seguridad parece casi razonable.

Tan razonable como establecer una política pública de salud que ordene que los niños dejen de asistir a las escuelas durante un año para reducir la cantidad de resfriados, tan razonable como una política pública educativa que para optimizar el tiempo establezca calendarios escolares de 360 días y 12 horas diarias.

Este análisis se centra en la seguridad porque ese es el fundamento del Decreto, al justificar la medida el Decreto no habla del déficit fiscal, no habla de endeudamiento, habla del contrabando y por lo tanto la subida de las alícuotas es una respuesta al contrabando (problema de seguridad) y no una medida económica.

Los delitos de mercado son aquellos en los que la conducta tipificada (delito) se vincula con la venta de un producto que el legislador tiene restringido o prohibido, es el caso por ejemplo de la venta de armas, de narcóticos, de personas, de órganos, en algunos países y épocas de alcohol, etc. En el caso que nos ocupa: la venta de carburantes al exterior.

Los delitos de mercado se combaten regularmente atacando al mercado mismo con políticas integrales que entienden que no es eficiente atacar al proveedor únicamente, la idea es entender la red de distribución y golpearla en todos sus eslabones.

Es el caso típico del robo de piezas de vehículos: la persecusión a los ladrones no suele dar resultados idóneos pues los niveles probatorios de un caso consumado en un caso común no permitirán llegar a un juicio, en este tipo de casos no hay testigos, no existen evidencias o es demasiado complicado y costoso conseguirlas. Para combatir estos delitos resulta más eficiente atacar a los vendedores de estas piezas, a los talleres mecánicos, a las ferias de venta de cosas usadas, incluso a algunos agentes de seguro corrompidos, etc. Golpear a la cadena no al eslabón

En el caso del contrabando esto se complica pues el resultado del delito se da en el exterior y el control en los puntos fronterizos no es el idóneo y no sólo eso: en los puntos de control de aduana hemos establecido que el día domingo no existe ningún control.

A esta laxitud en el control debe sumarse el hecho de que Bolivia tiene un diámetro de 6743 Kilometros es decir una frontera de más del doble de la frontera existente entre EEUU y México y allá con todos los controles y recursos existentes estan muy lejos de poder controlar el tráfico de productos y personas.

En resumen:

- Tenemos un delito que no se puede controlar en frontera.
- Tenemos un delito de mercado.

La solución obvia parece ser la de acudir al mercado de los países vecinos, trabajar conjuntamente con las aduanas y la policía de los países limitrofes para investigar donde es que se esta vendiendo la gasolina boliviana y a partir de ahi trazar la ruta inversa que nos lleve hasta la persona que tiene la licencia de compra, pasando pos los funcionarios de YPFB, la ANH o el Viceministerio de Defensa Social, los transportistas, los vistas de aduana, etc.

En el caso del tráfico de armas de fuego la Comunidad Andina ha aprobado la decisión 552 que reconoce la imposibilidad de luchar contra un delito de mercado de manera aislada y reconoce que se debe limitar la demanda pero también interactuar entre los países para limitar el mercado y la oferta. ¿Por qué entonces no aplicamos estos procedimientos para un caso similar?

Luchar contra el contrabando subiendo precios es la forma más brutal de enfocar el problema, eliminan el problema y se cargan a todos los ciudadanos en el camino....habrá que rezar para que al arquitecto de esta política no se le ocurra bombardear las ciudades para acabar con los robos de celulares.

Comentarios

Marcelo ha dicho que…
Totalmente deacuerdo contigo...parece que se traiciono la buena fe del pueblo boliviano
utópico ha dicho que…
pues con esto mucha gente se dara cuenta de algo que ya percibimos algunos tan pronto el gobierno se volvio facho.


en fin.

que lastima.

saludos!
Yo nomas ha dicho que…
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Yo nomas ha dicho que…
Le entró el miedito, parece que alguien le recordó sus declaraciones de cuando Meza subió los precios, y dió marcha atras, tanto justificar su decreto como una medida necesaria, como lo mejor para el país, y al final, y por miedo que lo tumben los dorogó.

según dicen se reunió con la gente del alto, le habrán hecho recuerdo que ellos tumbaron a goni y a meza y que por más que tenga a sus dirigentes a sueldo, lo pueden tumbar a él???
silbador ha dicho que…
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