Dudosa seguridad
Sin necesidad de ser adivino, semanas atrás, un joven abogado que reflexiona permanentemente sobre la complejidad de la “seguridad ciudadana” en su blog (notanmalabogado.blogspot.com) señalaba que más temprano que tarde este espinoso asunto se convertiría en uno de los caballos de batalla de los frentes que participan en la liza electoral, advirtiendo que, precisamente por las características de toda campaña proselitista, el tema sería reducido a su mínima —o más visible— expresión: la delincuencia urbana, y que se pondrían a consideración del soberano soluciones de corto plazo y, en esa medida, incompletas cuando no ineficaces.En evidente demostración de que nuestro no-tan-mal-abogado tenía razón, el Gobierno ha “sorprendido” a la población de Santa Cruz de la Sierra promulgando un decreto supremo que actualiza una medida asumida en 2005, durante el Gobierno de Carlos Mesa, y dispone la “coordinación” entre la Policía y el Ejército para tareas de seguridad ciudadana. Así, desde el viernes 6, efectivos de la Policía Militar patrullan las calles de la capital cruceña, cuya violencia ha superado hace mucho la capacidad policial; pero, ironía cruel, sólo entre las siete de la mañana y la medianoche, permitiendo que los delincuentes sigan desarrollando su innoble actividad al amparo de la oscuridad nocturna.
Previsiblemente, la medida gubernamental ha tenido dos efectos inmediatos: el primero traducido en una menor incidencia de la violencia pública durante el día y, probablemente para la población cruceña, un ligero respiro cuando no la sensación de que, al menos durante unas horas, están menos inseguros. El segundo de carácter político: ha obligado a las instituciones legales y “morales” —léase Prefectura y comité cívico— a pronunciarse en contra de una medida que supuestamente está orientada a mejorar la calidad de vida de la población.
El hecho de que las críticas opositoras sean más o menos atendibles —en la medida en que señalan que se trata de una determinación de claro tinte proselitista, además de que su eficacia es limitada por diversos factores— queda opacado por la evidencia de que estas mismas autoridades, en los tres años de gestión del gobierno departamental, no han sido capaces de trascender la retórica e implementar acciones conducentes a frenar la creciente delincuencia y violencia urbana, cuando no la han alentado.
Urge, pues, dar paso a un debate serio, desapasionado, despolitizado y, sobre todo, plural y transparente a fin de identificar con la mayor claridad posible no sólo las causas de la inseguridad ciudadana, sino sobre todo las múltiples manifestaciones de ésta, que no se limitan a la delincuencia y la violencia pública. De otro modo, toda medida de seguridad será, al menos, dudosa.
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