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Los tropiezos de la política de seguridad del Gobierno del MAS

La carencia de una política pública de seguridad en Bolivia es tan evidente como en el resto de la región latinoamericana. Con la diferencia de que en nuestro país las voces que propugnan un cambio de paradigmas y roles en las políticas de seguridad no son escuchadas. (tampoco es que en otros países les hagan mucho caso, pero al menos los escuchan. Es el caso por ejemplo de la Argentina, donde el el debate es cada vez más interesante).

Hace ya más de seis meses escribí un post en el que decía:

"Los robos de celulares no se detendrán por este decreto, lo único que se fomentará será la exportación de equipos robados y la aparición de casas de "desbloqueo o limpieza" como las miles que se ven a lo largo del mundo....un mundo aparentemente inexplorado por nuestros expertos en seguridad."

También ponía que no se necesita ser un genio para cambiar el IMEI de un celular, hoy sale en El Diario una noticia:

"Cumplido con el registro obligatorio y el bloqueo de celulares, tal como determina el Decreto Supremo 353 para usuarios de las tres operadoras telefónicas del país, el desbloqueado de teléfonos móviles robados no es problema para técnicos."

Ahora bien, hace unos meses estaba en un almuerzo con autoridades de seguridad de la región (el Viceministro boliviano era el único ausente), y me llamó la atención que muchos pensaban sinceramente que el registro de IMEI funcionaría, de hecho un policía peruano veía como un gran avance que ahora para comprar celulares te pidan datos de registro. Preferí no arruinarle la comida y mostrarle que tenía un celular comprado un día antes en el Callao, con datos del vendedor de la tienda.

El punto acá está en que los registros de celular, las camaritas, las sanciones enormes para conductores ebrios, las normas de mano dura, etc. No sirven si nos son aplicadas dentro de una política de seguridad pública, y en muy pocos de nuestros países nos animamos a pensar en serio en la aplicación de este tipo de políticas.

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