La nueva Constitución Política del Estado ha comenzado a regir plenamente en Bolivia a partir del 7 de febrero de 2009. Este hecho ha ocasionado una contradicción entre las instituciones que fundan su legalidad en la constitución abrogada y las nuevas instituciones aún no elegidas.
De acuerdo con las disposiciones transitorias de la Constitución aprobada el Congreso Nacional en funciones tiene un plazo de 60 días para sancionar un nuevo regimen electoral que viabilice la elección, el 6 de diciembre de 2009, de la Asamblea Plurinacional (nuevo Congreso), el Presidente y el Vicepresidente de la República.
Se delega expresamente a la nueva Asamblea Plurinacional a elegirse la aprobación de las leyes necesarias para desarrollar el nuevo texto constitucional.
En ese sentido, aunque no existe una disposición expresa, el Congreso Nacional ya no tendría competencia para la sanción de nuevas leyes.
En este sentido, para evitar el vacio del órgano legislativo, el Poder Ejecutivo (a cargo del Presidente Evo Morales) ha decidido comenzar a gobernar en base a Decretos Supremos que deberían ser posteriormente aprobados por la nueva Asamblea Plurinacional legislativa.
Más allá de la constitucionalidad o legitimidad de esta forma de gobierno, es esa la realidad legisltaiva que actualmente se vive en Bolivia.
De acuerdo con las disposiciones transitorias de la Constitución aprobada el Congreso Nacional en funciones tiene un plazo de 60 días para sancionar un nuevo regimen electoral que viabilice la elección, el 6 de diciembre de 2009, de la Asamblea Plurinacional (nuevo Congreso), el Presidente y el Vicepresidente de la República.
Se delega expresamente a la nueva Asamblea Plurinacional a elegirse la aprobación de las leyes necesarias para desarrollar el nuevo texto constitucional.
En ese sentido, aunque no existe una disposición expresa, el Congreso Nacional ya no tendría competencia para la sanción de nuevas leyes.
En este sentido, para evitar el vacio del órgano legislativo, el Poder Ejecutivo (a cargo del Presidente Evo Morales) ha decidido comenzar a gobernar en base a Decretos Supremos que deberían ser posteriormente aprobados por la nueva Asamblea Plurinacional legislativa.
Más allá de la constitucionalidad o legitimidad de esta forma de gobierno, es esa la realidad legisltaiva que actualmente se vive en Bolivia.
Comentarios
Saludos.
Creo que la situación es Pésima...pero la solución no debe ser peor.